El caso surgió cuando Galera publicó en TikTok un clip ficticio en el que simulaba una reclamación de un cliente que exigía menús en catalán; el video generó polémica y, según el propio restaurador, desencadenó una denuncia anónima ante la Agencia Catalana de Consumo.
A raíz de la denuncia, un inspector se presentó en el bar Danús para verificar si los empleados comprendían y hablaban catalán y si el local cumplía con la obligación de atender en las lenguas oficiales de la comunidad, castellano y catalán, tal como establece el artículo 3 de la Constitución española y la normativa autonómica.
Galera asegura que la inspección fue breve: al ser saludado en catalán, el inspector le comentó que “ya tenía la faena hecha” y confirmó que solo necesitaba constatar el uso del idioma, sin imponer sanciones ni multas al establecimiento.
El propietario, que lleva más de veinte años al frente del negocio, manifestó que habla perfectamente catalán y que en su bar se atiende tanto en catalán como en castellano, pero criticó la idea de que se obligue a priorizar un idioma sobre otro en un establecimiento privado, calificándolo de “algo muy antiguo”.
El episodio ha reavivado el debate sobre la convivencia de las lenguas oficiales en Cataluña, donde la Constitución reconoce el castellano como lengua del Estado y el catalán como cooficial en la comunidad, y donde algunos ciudadanos perciben tensiones entre la normativa lingüística y la libertad de elección de los empresarios.