La seguridad se ha convertido en el eje más sensible del retorno del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido. Después de años de disputa por la protección policial retirada en 2020, el Comité Ejecutivo Real y de Personalidades Importantes, conocido como Ravec, ha vuelto a revisar la situación de los duques de Sussex tras su regreso al país.

Según las informaciones citadas por la prensa británica, Ravec ha encargado una nueva evaluación de riesgos para Harry y otra separada para Meghan. El comité también ha pedido a la pareja que facilite sus horarios, rutinas diarias y desplazamientos, incluido el trayecto escolar de sus hijos, Archie y Lilibet, antes de tomar una decisión sobre el nivel de protección que podría corresponderles.

La revisión llega después de varios episodios que han puesto la seguridad familiar en primer plano. Los príncipes Archie y Lilibet tuvieron que cambiar de colegio a los pocos días de comenzar el curso, no por un problema con el centro, sino por dificultades prácticas para garantizar un traslado seguro entre la escuela y la residencia actual de la familia.

A esa preocupación se sumó la filtración del número de teléfono móvil personal de Meghan Markle en un chat de WhatsApp de madres y padres de alumnos. La prensa británica publicó que la duquesa había participado en el grupo escolar con un mensaje de bienvenida, antes de que su contacto circulara y provocara una alerta de seguridad.

El calendario público de Harry también se está desarrollando bajo un marco especialmente controlado. Sus actos previstos en Londres y Birmingham serán cubiertos por el Royal Rota, el sistema oficial de prensa que documenta actividades vinculadas a la institución. Aunque esos compromisos no son actos de la Corona en sentido estricto, la presencia de prensa acreditada establece un entorno más previsible y supervisado.

El trasfondo de esta revisión está en la decisión de 2020, cuando Ravec retiró a los Sussex la seguridad financiada con fondos públicos al dejar de ejercer funciones oficiales. Harry llevó esa decisión a los tribunales y perdió la batalla jurídica, pero mantuvo durante años que su familia seguía expuesta a amenazas por su condición de hijo del jefe del Estado, por su proyección global y por su pasado militar en Afganistán.

Ravec no negó durante el proceso la existencia de riesgos, pero defendió que la protección financiada con impuestos no podía asignarse de la misma manera a una pareja que ya no representaba oficialmente a la Corona. La diferencia ahora es que el regreso al Reino Unido ha reactivado el mecanismo institucional que permite reconsiderar ese estatus a partir de nuevas circunstancias.

En ese contexto también cobra relevancia el recordatorio atribuido al entorno de Carlos III de que Harry y Meghan son ciudadanos privados. Esa definición marca el perímetro institucional del caso: cualquier decisión sobre protección corresponde al Estado y no al Palacio, lo que reduce la exposición directa de la Corona ante una medida que rara vez se comunica con detalle.

Todavía no se sabe qué nivel de seguridad se asignará a los duques de Sussex ni si la decisión llegará a hacerse pública. Lo que sí muestra la secuencia de hechos es que su regreso al Reino Unido ha devuelto al primer plano el punto que marcó su ruptura práctica con el país: cómo proteger a una familia que ya no cumple funciones reales, pero que sigue sometida a una exposición excepcional.