Según los interlocutores consultados, la medida se baraja como una intervención “inevitable” en el pool eléctrico, cuyo precio se determina por la central más cara que entra en funcionamiento cuando desaparece la generación fotovoltaica; actualmente, esas centrales son de ciclo combinado de gas.

La excepción ibérica, que estuvo vigente durante 2024, consistía en fijar un límite de 50 €/MWh al gas para la producción eléctrica, lo que supuso una subvención de Estado aceptada a regañadientes por la Comisión Europea y redujo los ingresos de energías inframarginales (nuclear, hidráulica y algunas renovables) en unos 6.000 millones de euros.

Los analistas advierten que, sin una intervención, los precios del gas podrían alcanzar los 105 €/MWh y la luz los 189 €/MWh este invierno, niveles que superarían los 2,5 veces la media de los últimos cinco años y activarían, según la normativa europea, la posibilidad de declarar una emergencia energética.

El Ministerio de Economía ha reconocido que está negociando con empresas del sector energético, incluidas petroleras y gasísticas, para definir nuevas medidas; por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica admite que será necesario actuar, aunque sin detallar la acción concreta.

Entre las opciones más simples que se barajan están una nueva rebaja del IVA de la luz, la financiación de peajes y cargos mediante los ingresos de los derechos de emisión de CO₂, o una revisión de la tarifa regulada del gas (TUR), que se prevé suba un 54 % en la revisión trimestral de octubre, según datos de la OCU.

Recuperar el tope al precio del gas tendría, según fuentes del sector, el efecto de “romper el mercado marginalista”, algo que la UE no permitiría, y perjudicaría a las renovables, que ahora se benefician de los precios marginales elevados de las centrales de gas al registrar precios cero o negativos en las horas de mayor irradiación solar.

El paquete de medidas que se incluirá en la revisión del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, aprobado en marzo, ya contempla reducciones fiscales como la bajada del IVA de la luz del 21 % al 10 % (recuperada en junio) y la reducción del 80 % de los peajes a la industria electrointensiva, pero no una intervención directa en el pool.

En el contexto europeo, países del norte como Alemania y Francia han pedido que se aplique de nuevo un impuesto a las energéticas para desviar los beneficios extraordinarios de la crisis de Ormuz, mientras que la UE mantiene una directiva que permite declarar una emergencia energética solo cuando los precios superen los 180 €/MWh y se mantengan durante seis meses.