Desde las 6 de la mañana, una barrera humana de activistas se había formado frente al portal del edificio en la calle Alcalde Sainz de Baranda, bloqueando la calle con más de diez lecheras y tiendas de campaña mientras esperaban la hora señalada para el desalojo, prevista a las 9 h 30.
El número de personas presentes pasó de un centenar durante la noche a cerca de 400 en la mañana, según los propios manifestantes, que coreaban consignas como “Maricarmen se queda” y “Que no, que no tenemos miedo”.
Al alba, la diputada de Podemos Irene Montero y el cómico Ignatius se acercaron al lugar, y la escena se convirtió en un “plató de televisión” con la presencia de medios y figuras públicas como los actores Carlos Bardem y Juan Diego Botto, la cantante Ana Belén y la creadora de contenido Inés Hernand.
Este no es el primer intento de desahucio: en junio pasado la ONU había pedido al Estado español que paralizara el proceso, pero la empresa propietaria Urbagestión siguió adelante con la demanda de alquiler, que asciende a 1 650 euros mensuales pese a que la pensionista percibe 1 350 euros.
Maricarmen heredó el contrato de alquiler tras la muerte de su padre y, posteriormente, de su madre en 2005; según el relato, la subrogación del contrato dos veces sería ilegal, lo que coloca a la propietaria en una posición ventajosa para exigir el pago.
Aproximadamente a las 7 h 45, la policía comenzó a retirar a los manifestantes, obligándolos a abandonar la zona frente al portal y a ser identificados en la acera contraria; la intervención se prolongó durante más de media hora, pero la barrera humana siguió numerosa y resistente.
El episodio refleja la creciente tensión en la lucha por la vivienda en Madrid, donde sindicatos como el Sindicato de Inquilinas organizan vigilias y proyecciones de videos para presionar a las autoridades y a los propietarios, mientras que el Ministerio de Vivienda afirma que el fondo propietario no ha respondido a las ofertas de solución.