En Herrera en COPE, el comunicador reconoció el impacto de ver a una mujer mayor abandonar su vivienda, pero sostuvo que la carga emocional de la escena no determina por sí sola si el procedimiento fue legal. Atribuyó la resolución a los tribunales y descartó que las administraciones autonómica y municipal fueran responsables de dictarla.
Para explicar el origen del litigio, Herrera señaló que Maricarmen pagaba 500 euros mensuales por un piso situado en una zona cotizada de Madrid. Según su relato, el contrato había pasado por dos subrogaciones, mientras que la normativa solo permitía una; tras negarse a actualizar la renta, los propietarios acudieron a los tribunales y obtuvieron un fallo favorable. El programa no reprodujo la resolución judicial.
Herrera también rechazó que el arrendador fuera un fondo buitre y lo describió como una empresa que reclamó la vivienda por la vía legal. Esa caracterización, al igual que la explicación sobre el contrato, forma parte de su versión de los hechos.
El presentador acusó a dirigentes de izquierda y al Gobierno central de responsabilizar a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para obtener rédito político. También reprochó al presidente Pedro Sánchez y a otros sectores de la izquierda que, a su juicio, utilizaran la vulnerabilidad de la mujer para atacar a sus rivales.
La intervención plantea una disputa entre la lectura jurídica del caso y la reacción política ante el desahucio. El relato emitido recoge la interpretación de Herrera, pero no incluye declaraciones directas de Maricarmen, de los propietarios ni de los responsables políticos a los que aludió.