La acusación se centra en dos episodios estrechamente vinculados: la fundación en 2020 de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el nombramiento de Begoña Gómez como codirectora, y la posterior creación de una plataforma informática destinada a medir el impacto social y medioambiental de empresas, cuyo control habría pasado a la esposa del presidente.

Según la documentación incorporada al procedimiento, Gómez mantuvo una reunión en La Moncloa con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y participó en una serie de contactos y decisiones que culminaron en la creación de la cátedra. El juez Juan Carlos Peinado señaló que su condición de esposa del presidente podía haber influido en esas decisiones, y la Audiencia Provincial consideró que existían indicios suficientes para mantener la acusación de tráfico de influencias.

En paralelo, la investigación se ha centrado en la plataforma desarrollada bajo la cátedra. El dominio transformatsc.org fue inicialmente registrado por Blanca de Juan, coordinadora del proyecto, y posteriormente pasó a estar vinculado a Begoña Gómez. La herramienta llegó a operar a través de ese dominio y alojó proyectos de diversas entidades, incluida Inmark, empresa en la que Gómez había trabajado previamente.

Las acusaciones también señalan la creación en noviembre de 2023 de la sociedad Transforma TSC SL, con Gómez como administradora única, como un intento de trasladar bajo su control los activos desarrollados con recursos públicos. La Complutense, que ejerce la acción civil, reclama 113.509,32 euros a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por los costes atribuidos al desarrollo del software y al uso de personal universitario, y exige la restitución de la titularidad del programa.

El desarrollo técnico de la plataforma involucró a varias empresas. En una primera fase participaron Telefónica, Indra y Google; posteriormente la universidad contrató a Deloitte para la asistencia y asesoramiento técnico, con dos contratos de 14.999 euros más IVA y 60.500 euros más IVA. En julio de 2023 Gómez redactó el pliego de prescripciones técnicas del contrato de Deloitte, lo que las acusaciones vinculan directamente con su intervención.

Cristina Álvarez, asesora de Gómez en la Casa del Gobierno, figura también en la causa. Los registros judiciales incluyen 22 reuniones sobre el desarrollo de la plataforma entre abril de 2022 y febrero de 2024; Álvarez participó en tres de ellas (enero, marzo y mayo de 2023) junto a representantes de Google, Minsait, Telefónica y Deloitte. En septiembre de 2022 contactó a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense para registrar el software, firmando como “colaboradora de la Cátedra TSC UCM”. La OTRI envió a Gómez y a Álvarez el modelo de contrato para la cesión de derechos del programa a favor de la universidad.

El juicio, que sigue en curso, determinará si los hechos descritos constituyen un uso indebido de la posición institucional de Gómez y de recursos públicos. La decisión del jurado tendrá repercusiones tanto para la figura pública de la esposa del presidente como para la gestión de proyectos de investigación financiados con fondos estatales.