El fondo de inversión Urbagestión, que adquirió el edificio en 2018, exigió a Maricarmen un alquiler de 1.650 euros mensuales, frente a los 500 que pagaba hasta ahora, y se negó a cualquier tipo de negociación, incluso negándole una hora para recoger sus pertenencias.

El desahucio estaba previsto para la mañana del miércoles; cientos de personas acamparon durante la madrugada frente al portal, ondeando consignas como "no tenemos miedo" y "Maricarmen se queda". La policía desalojó uno a uno a los manifestantes que permanecían sentados dentro del edificio y los apartó a unos 200 metros del portal.

Maricarmen, que tiene una prótesis de cadera y vivía en una sexta planta con el ascensor averiado, tuvo que ser bajada en camilla y trasladada al hospital Gregorio Marañón. La abogada y exdiputada de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, denunció "muchísima violencia" policial y explicó que la solicitud de un aplazamiento de un mes por razones humanitarias fue rechazada.

Beatriz Duro, abogada de la anciana, calificó la intervención policial de "desproporcionada" y reiteró la oferta de una escritora para pagar el alquiler, propuesta que Urbagestión también rechazó. Alicia del Río, portavoz del sindicato de inquilinas, advirtió que la salud de Maricarmen está muy delicada y que la falta de alternativa habitacional comprometerá su estado.

Leire Iglesias, secretaria de Estado de Vivienda, criticó a Urbagestión por permitir el desahucio, señalando que el Gobierno había intentado comprar la vivienda, ofrecido un alquiler justo, apelado a la ONU y puesto fondos a disposición de la comunidad, pero que el fondo no respondió a la mediación propuesta.

El caso se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó un contrato de arrendamiento de "renta antigua" que se subrogó a su esposa y luego a ella, con actualizaciones anuales basadas en el IPC. Tras una sentencia favorable en primera instancia, el Tribunal Supremo falló a favor del inversor, y Maricarmen enfrenta su cuarto intento de desahucio desde que Urbagestión tomó el control del edificio.

El episodio se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid, evidenciando la presión de los fondos especulativos sobre inquilinos vulnerables y reavivando el debate sobre la necesidad de reformar la legislación de alquileres para evitar casos similares.