Los efectivos policiales comenzaron a acordonar la zona y a desmontar la acampada de apoyo que el Sindicato de Inquilinas de Madrid había mantenido frente al edificio desde la madrugada, después de que la autoridad judicial ordenara el lanzamiento a partir de las 7:30.

La comisión judicial llegó al inmueble alrededor de las 9:30 y, durante más de una hora, la defensa de Maricarmen, encabezada por la abogada Beatriz Duro, intentó negociar la suspensión del procedimiento con los representantes de la propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., sin éxito.

Según Duro, la empresa propietaria se negó a detener el desahucio por “razones humanitarias” y rechazó conceder un plazo de entre quince días y un mes para que la anciana pudiera abandonar la vivienda de forma digna y retirar sus pertenencias.

A las 12:15, la policía utilizó un ariete para forzar la puerta exterior del portal y comenzó a retirar a las personas que se habían sentado frente al acceso, mientras la comisión judicial continuaba con el proceso de lanzamiento.

El acto contó con la presencia de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y del diputado de Sumar, Enrique Santiago, así como de figuras del ámbito cultural como la comunicadora Inés Hernand y la cantante Ana Belén, que habían acampado la noche anterior.

Maricarmen, que tiene una discapacidad reconocida del 50 %, expresó su rechazo al desahucio, acusando a la propietaria de actuar “por el puto dinero” después de 71 años de residencia en la vivienda.

Una escritora anónima ofreció cubrir la diferencia entre el alquiler actual de 500 euros y los 2 650 euros que reclama la propietaria, pero la decisión quedó en manos de Urbagestión, que hasta el momento no había aceptado ningún acuerdo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, declaró que el Gobierno había intentado mediar para que la empresa adquiriera la vivienda, pero que la propietaria “se cachondea de las administraciones” y mostró su indignación por la “especulación salvaje” que permite este tipo de desahucios.

La Delegación del Gobierno en Madrid precisó que no dirige el dispositivo policial, que actúa bajo mandato judicial para garantizar la seguridad de la comisión encargada del lanzamiento.

El Sindicato de Inquilinas sigue pidiendo que las administraciones públicas compren la vivienda o adopten medidas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler, mientras que el Ministerio de Vivienda insta a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento a facilitar una solución habitacional para Maricarmen.