Desde las 6:00 del miércoles, activistas, vecinos y simpatizantes se instalaron en la calle, erigiendo tiendas de campaña y formando una barrera humana que obligó a la policía a iniciar la retirada de manifestantes a partir de las 7:30.
Aproximadamente 100 personas pasaron la noche en vela frente al portal de Maricarmen; durante la madrugada se fueron sumando otros 300, elevando la cifra total de manifestantes a cerca de 400.
Los manifestantes coreaban consignas como “Maricarmen se queda” y “¿Dónde está el gobierno progresista?”, mientras exigían que la comitiva judicial que debía inspeccionar el caso fuera admitida sin obstáculos.
A las 9:20, la comitiva judicial llegó al lugar y fue recibida con gritos de “bienvenida, comisión judicial”. Entre los presentes se encontraban la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el cómico Ignatius, entre otros.
En intentos de desalojo anteriores, incluido el de junio, la ONU había sido convocada por los defensores de Maricarmen para que el Estado español interviniera y buscara una solución, sin que hasta ahora se haya logrado detener el proceso.
La policía, bajo mandato judicial, mantuvo el cordón y retiró a la prensa que se encontraba cerca del portal, argumentando la necesidad de proteger a los agentes de posibles actos violentos, según declaró el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Durante la intervención, varios manifestantes fueron identificados y apartados de la zona, mientras que algunos activistas intentaron romper el cordón; uno de ellos fue derribado y golpeado por la policía, aunque no logró impedir que se uniera al resto de la barrera.
El Sindicato de Inquilinas proyectó un video de Maricarmen en la fachada del edificio y pidió a los agentes que se quitara el casco, sin obtener respuesta más que la retirada de los cascos por parte de cuatro policías que permanecieron en posición.
El propietario del inmueble, la empresa Urbagestión, ha exigido un alquiler de 1.650 euros mensuales, cifra superior a la pensión de 1.350 euros que percibe Maricarmen, y se ha mostrado reacio a negociar pese a las numerosas ofertas de terceros, incluida una propuesta de una escritora para pagar el alquiler de por vida.
Tras la llegada de la comisión judicial, la situación permaneció tensa; los servicios de emergencias atendieron a dos personas con lesiones leves, y la presión de los activistas continuó mientras se esperaba la decisión final sobre el desahucio.