El cambio forma parte del llamado “examen de drogas” que Washington reparte cada año en América Latina; la medida, que se realizó la semana pasada, elimina la calificación de fracaso a Venezuela y, al mismo tiempo, mantiene a Colombia bajo observación, con la condición de que el país mejore sus indicadores de erradicación para una posible revisión en 2025.
El sistema de certificación, creado en 1986, no se basa en criterios técnicos sino en la conveniencia política de EE. UU., sirviendo como herramienta para asignar regaños y ayudas según el alineamiento de los gobiernos latinoamericanos con los intereses estadounidenses en la lucha contra la droga.
Los críticos señalan la paradoja de que el mayor consumidor de drogas del planeta sea quien otorga la calificación, lo que debilita la legitimidad del proceso y refuerza la percepción de que la evaluación es más simbólica que sustantiva.
Este episodio revive un editorial publicado hace cincuenta años por el conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien argumentó que la raíz del problema no estaba en la capacidad policial o judicial de Colombia, sino en la diferencia de poder adquisitivo entre los consumidores norteamericanos y el Estado colombiano, describiendo la prohibición como una “fachada jurídica”.
A pesar de la retirada del sello a Venezuela, el país sigue recibiendo un “salvoconducto” por “interés nacional” que permite la continuidad de los flujos de dinero estadounidense, mientras que Colombia, con una matrícula condicional, continúa recibiendo ayuda que incluye, entre otros, helicópteros y promesas de asistencia, en medio de un gasto anual de EE. UU. que supera los 17.000 millones de dólares en la lucha contra la cocaína.
El nuevo escenario mantiene la dinámica de que los consumidores del norte siguen financiando la guerra contra la droga, mientras los países productores siguen bajo presión y con la población civil pagando el precio de la violencia y el desplazamiento.