Rosario Sarabia Soto, representante del Distrito 24 en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa, respondió a preguntas de ciudadanos en redes sociales afirmando que los asesinatos de mujeres en el municipio de Escuinapa no se deben a motivos de género, sino a circunstancias particulares, entre ellas la pertenencia a grupos delictivos.

El comentario de la legisladora se produce en medio de la denuncia de la población local, que señala la existencia de 16 casos de feminicidio en Escuinapa, entre los que se incluyen una paratleta menor de edad y dos maestras. En 2024 Sinaloa aprobó una ley que obliga a que todas las muertes de mujeres sean investigadas como feminicidios, con el objetivo de garantizar una respuesta judicial más rigurosa.

Ciudadanos como Carolina Astorga y Jenny Rodríguez Páez criticaron a la diputada, exigiendo pruebas de la Fiscalía que justifiquen la exclusión de los casos del concepto de feminicidio y acusándola de falta de empatía y de encubrir la violencia contra las mujeres.

Sarabia Soto sostuvo que la propia Fiscalía había comunicado a los medios que, en los hechos de Escuinapa, no se había demostrado una motivación de género, por lo que los casos no pueden catalogarse como feminicidios. La diputada reiteró que la situación debe llevar a la reflexión ciudadana.

Ante la polémica, diputadas del PRI, Irma Moreno, y de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, solicitaron la activación de una alerta de género para el municipio, argumentando que la violencia contra las mujeres es una de las consecuencias más dolorosas de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde 2024.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, informó que el estado se acerca a la cifra de 100 mujeres asesinadas en lo que lleva de 2026, y subrayó el alto porcentaje de impunidad en los casos, señalando que, independientemente de la clasificación jurídica, se trata de mujeres asesinadas.

Calderón Quevedo advirtió que la falta de justicia agrava la percepción de inseguridad y que la impunidad sigue siendo un obstáculo para la protección de las mujeres en Sinaloa, mientras las autoridades continúan investigando los casos bajo la normativa vigente.