En la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament, la propuesta de Vox que solicitaba al Gobierno de España garantizar la prioridad nacional para el acceso a viviendas sociales, protegidas, bonificaciones fiscales y cualquier ayuda vinculada a la vivienda, así como la repatriación de todos los migrantes en situación irregular, fue rechazada; únicamente el propio grupo Vox votó a favor.
El Partido Popular, por su parte, respaldó varios puntos de la proposición no ley, entre ellos la derogación del Real Decreto 180/2026, que regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección sanitaria pública a personas extranjeras sin residencia legal, y la eliminación de la regularización extraordinaria prevista en la iniciativa.
El desarrollo de la comisión se tornó controvertido cuando, a petición del PSIB, la presidenta del órgano, perteneciente al PP, ordenó retirar del acta unas palabras pronunciadas por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, dirigidas al Gobierno central, en las que acusaba a los socialistas de "alterar el censo electoral de toda España para robar a todos los españoles su libertad".
Una diputada del PSIB solicitó que se registrara una queja en el acta y exigió la supresión de la intervención de Cañadas; la presidenta de la comisión aceptó el requerimiento y ordenó la eliminación del fragmento del acta, lo que provocó que la portavoz de Vox calificara el hecho como un "episodio intolerable" de censura parlamentaria y advirtiera sobre el deterioro de la libertad de expresión dentro de las instituciones.
Cañadas sostuvo que no se había retirado un insulto ni una amenaza, sino una denuncia contra lo que ella considera un ataque a las garantías electorales perpetrado por el PSOE, y recordó que el Tribunal Supremo había adoptado medidas cautelares sobre los efectos electorales de determinadas inscripciones vinculadas a la llamada "ley de nietos", mientras se revisa judicialmente el procedimiento.
El rechazo de la iniciativa de Vox y la polémica por la censura de sus declaraciones subrayan la profunda división entre los grupos parlamentarios en torno a la política de vivienda y la gestión de la inmigración, temas que seguirán siendo objeto de debate en el Parlamento y en la esfera pública española.