El 3 de septiembre el Ejecutivo español publicó una declaración de emergencia que habilitó la contratación inmediata del suministro e instalación de un nuevo sistema de sensorización en el vallado de la ciudad autónoma, con un presupuesto de 4,6 millones de euros financiado con fondos europeos.

El procedimiento se amparó en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que permite la adjudicación directa cuando los mecanismos ordinarios no pueden responder con la celeridad requerida; la empresa seleccionada fue la firma de seguridad TRC INFORMATICA SL.

El pliego de licitación exige la sustitución del sistema actual por una “tecnología de detección más avanzada” que mejore la eficiencia, la efectividad y la capacidad de respuesta ante intentos de salto de la valla, y que, según el propio documento, mitigará y eliminará los riesgos para la integridad física de los cuerpos de seguridad y de los propios inmigrantes.

Esta medida se produce después de que, en octubre del año pasado, el Gobierno anunciara una inversión de cerca de cinco millones de euros para equipar los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo con sensores, proyecto que nunca se materializó y cuyas instalaciones existentes tenían “mucho más de un año” de antigüedad, según fuentes policiales.

Los documentos de la contratación revelan que el acuerdo para la sensorización se firmó el 30 de abril de 2025, con un plazo de formalización de los trabajos de una semana, plazo que el Gobierno central no respetó; ahora, bajo la etiqueta de “acontecimientos imprevisibles”, se justifica la urgencia pese a que la invasión había sido prevista por la propia administración.

La invasión, que involucró a más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de la doble valla de diez metros de altura y ha impulsado al Ejecutivo a activar el procedimiento extraordinario para proteger la frontera española en Ceuta.

El uso de fondos europeos y de un proceso de contratación de urgencia ha suscitado críticas sobre la planificación previa y la transparencia del proceso, aunque las autoridades sostienen que la vía ordinaria no habría permitido una respuesta tan rápida ante la magnitud del cruce masivo.