Montero sostuvo que el proceso de investigación contra López, que se inició el 28 de mayo con la apertura de un expediente reservado, responde a una “caza política” orquestada por la derecha por haber asesorado a la exconsejera Begoña Gómez en el proceso judicial que la llevará a juicio popular.

Según la Cámara de Cuentas, la investigación busca determinar si López incurrió en una incompatibilidad al haber elaborado un informe pericial para Gómez sin haber solicitado la autorización prevista en el artículo 35 del Reglamento, que exige dedicación exclusiva y permite actividades docentes o de investigación previa autorización.

En contraste, el presidente de la Cámara, Manuel Alejandro Cardenete, sí figura en los registros con un permiso para impartir clases en la Universidad Loyola Andalucía, lo que Montero utilizó para cuestionar la doble vara de medida aplicada a los consejeros.

Los datos de la autoliquidación del IRPF publicados por la Cámara revelan que López percibió 137.557,75 euros en 2025, una cifra un 51 % superior a los ingresos brutos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y por encima de su propio salario base de 83.000 euros en la entidad.

Montero criticó al diario ABC por destacar el ingreso de López sin mencionar, según ella, los ingresos del presidente de la Cámara, y acusó al medio de aplicar criterios diferentes según la afinidad política del investigado.

Los expertos jurídicos señalan que, de confirmarse la infracción, la sanción podría consistir en el cese del consejero, decisión que corresponde al Parlamento andaluz, órgano que también nombra a los miembros del pleno cameral.

Aprovechando la comparecencia, Montero exigió que se fiscalice “hasta el último euro” gastado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) bajo la gestión de Moreno, tras la detección de supuestas irregularidades graves en el control del gasto sanitario entre 2020 y 2024, y pidió explicaciones inmediatas al presidente autonómico.

En sus declaraciones, la líder socialista advirtió que la persecución de quienes asesoran a figuras del gobierno constituye una “cacería ideológica” que vuelve intolerable la política española, y solicitó un llamado a la mesura y a la convivencia entre partidos.