El decanato, encabezado por el decano Luis Navarrete, optó por una implantación total del nuevo currículo en los cuatro grados que se imparten en la Cartuja, argumentando que una transición gradual requeriría la contratación de más personal docente, un gasto que el rectorado consideró inviable dada la delicada situación económica de la universidad.

Según Navarrete, la medida es "el mejor plan de estudios que jamás se ha hecho" y, pese a la carga de trabajo que supone para el cuerpo docente, compensa los recortes presupuestarios. Sin embargo, la decisión rompe con la práctica habitual en la US, donde los cambios de plan se escalonan a lo largo de varios años.

Docentes que prefirieron mantenerse en el anonimato denuncian que el proceso de elaboración del nuevo plan no fue realmente participativo. Señalan que la encuesta utilizada incluía preguntas sobre asignaturas impartidas por el propio decano y que, en la práctica, se eliminaron asignaturas tradicionales mientras se introducían numerosas materias nuevas sin considerar el impacto en los estudiantes.

Los profesores también acusan una atmósfera de temor dentro de la facultad, alegando represalias contra quienes expresan críticas. Algunos relatan que horarios aprobados en junio fueron modificados en septiembre sin consultar a la comunidad académica, vulnerando la normativa interna.

Los estudiantes, igualmente descontentos, describen una matrícula caótica: "Nos matriculamos en julio y la matrícula resultó no válida; tuvimos que volver a inscribirnos del 1 al 4 de septiembre", afirma una alumna que prefiere permanecer anónima. Además, la distribución de alumnos en los grupos ha generado clases de más de 110 estudiantes, dificultando la enseñanza y la realización de prácticas.

Ante la incertidumbre, algunos alumnos llegaron a plantearse una huelga, aunque finalmente la iniciativa se diluyó. El decano, por su parte, asegura no haber recibido quejas oficiales y califica la situación como una "cirugía académica" que debería ser aplaudida en lugar de criticada.

El conflicto pone de relieve la tensión entre la necesidad de ajustes presupuestarios y la garantía de calidad educativa, y plantea interrogantes sobre la viabilidad de futuros cambios curriculares sin un proceso de transición más gradual y consensuado.