En una intervención ante la comisión de Gobierno del Parlamento andaluz, la consejera Loles López expuso dos casos concretos en los que menores inmigrantes fueron enviados a Andalucía contra su voluntad, pese a haber indicado en sus expedientes el deseo de reunirse con familiares en otras comunidades autónomas.
El primer caso corresponde a un adolescente que, dentro de su "proyecto de migración", solicitó ser trasladado a Barcelona para vivir con su tía. Los Servicios Sociales anotaron esa petición en su expediente, pero el Gobierno lo ubicó en un centro tutelado en Andalucía, impidiéndole el contacto con su familia.
El segundo caso involucra a una niña que cruzó sola la frontera de Melilla y expresó en su expediente el deseo de ser enviada al País Vasco, donde residía parte de su familia. Tras la negociación con el Gobierno, se le negó el traslado a Bilbao y, pese a que también solicitó ser remitida a Gerona, fue enviada a un centro de menores en Andalucía.
Los traslados se produjeron en el marco del reparto de menores de 2025, que siguió a la crisis migratoria en Canarias. Según los documentos, el Ejecutivo de Sánchez habría omitido la reagrupación familiar para cumplir con cláusulas negociadas con Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco, que condicionaron su apoyo al Real Decreto que reformaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería a que Cataluña y el País Vasco quedaran fuera de la reubicación.
En el acuerdo alcanzado, se incluyó una cláusula que prohibía la asignación de menores a Cataluña, y la práctica se replicó en Ceuta, donde actualmente hay 2.200 menores a la espera de ser reubicados. La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mónica Sales, reiteró la posición de negativa a acoger menores en su territorio.
El ministro de Infancia, Sira Rego, criticó a los gobiernos del PP por politizar la situación de los niños y acusó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de no plantear la posibilidad de acogida en la península, a diferencia de declaraciones anteriores que consideraban viable esa opción.
Loles López acusó al Ejecutivo de "tratar a los niños como maletas" y de priorizar la protección política del presidente Sánchez sobre el interés del menor, recordando que la normativa de reagrupación familiar había sido vulnerada en los casos citados.