Tras una campaña breve en la que compiten decenas de partidos, los marroquíes acudirán a las urnas el 23 de septiembre para elegir el partido que formará el nuevo gobierno; el rey Mohamed VI seleccionará a dedo al primer ministro dentro del partido ganador y nombrará a los ministros de Interior, Defensa, Exterior y Asuntos Religiosos.
El censo electoral registrado es considerablemente inferior al número de ciudadanos con derecho a voto: en 2021, observadores del Consejo de Europa señalaron que 2,8 millones de personas entre 18 y 24 años no estaban inscritas, y que al menos 7 millones de potenciales votantes en general faltaban en el padrón, lo que redujo la participación a alrededor de la mitad de la población habilitada.
Los jóvenes, que representan una parte crucial del electorado, han manifestado su descontento a través del movimiento “Gen Z 212”, coordinado en Discord, y han calificado la jornada electoral de “pérdida de tiempo”, argumentando que ningún partido les ofrece soluciones reales a la crisis económica, laboral y social.
Este desencanto se refleja en protestas previas, como las manifestaciones de casi un año atrás tras la muerte de ocho mujeres en una cesárea en Agadir, que derivaron en disturbios y reclamos de mayor inversión en salud y educación frente a los gastos del Mundial de 2030.
A la par de la crisis interna, la frontera con Ceuta se ha convertido en un foco de tensión: el 30 de julio miles de marroquíes cruzaron a la ciudad autónoma española, y se prevé una nueva convocatoria de migrantes el mismo día de las elecciones, según fuentes españolas.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió que Marruecos “tomará las medidas necesarias” para evitar una repetición de la masiva entrada de 80 000 personas que se registró en julio, subrayando la preocupación por la seguridad y la estabilidad regional.
Si bien la participación juvenil sigue siendo baja, la combinación de descontento social, protestas organizadas en redes y la presión migratoria podría obligar al nuevo gobierno a abordar reformas estructurales para evitar una mayor erosión de la confianza ciudadana.