En el escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía sostiene que los acusados, descritos como “previamente concertados y de común acuerdo”, comercializaban marihuana, hachís, heroína y cocaína a terceros a cambio de dinero, operando desde la vivienda donde residían.
La investigación culminó con una intervención de la Guardia Civil en el domicilio, donde los agentes incautaron una planta de marihuana, 100 gramos de hachís empaquetados, una bolsa de heroína, 120 gramos de cocaína, una báscula digital, 250 euros en efectivo, seis cartuchos de caza para escopeta, una navaja de grandes dimensiones y dos carabinas de aire comprimido.
Además, el Ministerio Público acusa a los procesados de conectarse directamente a la red eléctrica sin contrato ni contador, un hecho que, según peritos, provocó un perjuicio económico de 1.164,11 euros, importe que la compañía eléctrica reclama.
Los hechos se tipifican como delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, delito leve de defraudación de fluido eléctrico y delito de tenencia de armas prohibidas. La Fiscalía solicita, por cada acusado, una pena de cinco años de prisión, una multa de 60.000 euros y, en caso de impago, nueve meses de privación de libertad adicional.