El anuncio, hecho por el ministro de Economía Roland Lescure, incluye un refuerzo de 450 millones de euros a los subsidios existentes y una extensión de los criterios de elegibilidad, con el objetivo de aliviar la factura de los consumidores que enfrentan precios sin precedentes.

El domingo pasado el diésel registró en Francia un nuevo máximo de 2,41 €/litro, mientras que la gasolina SP95‑E10 superó los 2,17 €/litro y la SP98 rondó los 2,28 €/litro, niveles que superan los picos alcanzados en 2022.

En las últimas semanas pescadores del sur del país bloquearon depósitos de petróleo y accesos a puertos, y agricultores organizaron manifestaciones en todo el territorio para protestar contra la subida del precio del combustible, que consideran una carga insostenible para sus actividades.

Estos aumentos se enmarcan en una crisis global de suministro de carburantes provocada por el conflicto en Oriente Medio y el cierre temporal del estrecho de Ormuz, que ha reducido la disponibilidad de crudo y encarecido los precios mayoristas.

A nivel fiscal, el déficit presupuestario de Francia se prevé que alcance este año el 5,4 % del PIB, uno de los más altos de la Unión Europea, mientras la deuda pública roza el 120 % del PIB, lo que limita la capacidad de maniobra del Estado.

La medida de 1,4 mil millones de euros incluye, además del refuerzo inmediato, la propuesta de una "regla de oro del combustible" para el presupuesto de 2027, según la cual cualquier ingreso fiscal adicional generado por la subida de los precios será neutralizado y destinado exclusivamente a ayudas al consumidor, evitando que el Estado se beneficie de los precios más altos en las gasolineras.

Los impuestos sobre el combustible en Francia, la TICPE (impuesto interno al consumo de productos energéticos) y el IVA del 20 %, representan una parte importante del precio final; la académica Anna Creti explicó que la TICPE se aplica como una cantidad fija por litro y el IVA se calcula sobre el precio ya gravado con la TICPE, lo que duplica la carga fiscal para el consumidor.

Lescure reiteró que la estrategia de subvenciones específicas al combustible, adoptada desde marzo, se mantendrá "sin cambios" y sigue siendo la principal herramienta del Gobierno para proteger a los hogares y sectores más vulnerables frente al encarecimiento.

Con la campaña presidencial a siete meses de la votación, el combustible se ha convertido en un tema central: la agrupación de Marine Le Pen propone reducir el IVA del 20 % al 5,5 %, mientras que Jean‑Luc Mélenchon plantea un techo de 1,70 €/litro para la gasolina y 1,80 €/litro para el diésel, evidenciando la presión política que ejerce el coste del carburante sobre los candidatos.

Los analistas advierten que, si bien las ayudas alivian temporalmente la carga sobre los consumidores, la combinación de precios récord, alta carga fiscal y una situación fiscal delicada podría mantener el combustible como un punto de fricción social y electoral durante los próximos meses.