El desplome de Grenergy y Solaria se produjo al conocerse que el Gobierno español aprobará el próximo martes, en el Consejo de Ministros, un nuevo paquete de medidas destinado a contener la inflación provocada por la guerra en Oriente Medio y a apoyar a las familias y sectores más afectados.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó en el pleno del Congreso que ha mantenido rondas de contactos con agentes sociales y que esta semana está dialogando con los sectores afectados y con los grupos políticos para definir el mejor paquete, según informó la agencia EFE.
Durante el mismo debate, el diputado de Bildu, Mikel Otero, solicitó la reactivación de la excepción ibérica para limitar el impacto del encarecimiento del gas en los precios energéticos y pidió que las grandes energéticas contribuyan a financiar las medidas de contención de la inflación.
La semana anterior, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, también había pedido contemplar la recuperación de la excepción ibérica como forma de bajar el precio de la energía en España.
La excepción ibérica, autorizada por la Comisión Europea para España y Portugal, estableció un tope al precio del gas entre junio de 2022 y diciembre de 2023 como respuesta a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.
Acciona Energía también se vio afectada, con una caída del 1,4 % en sus acciones, aunque su descenso fue menos pronunciado que el de sus rivales renovables.
El descenso de Solaria se produce en la víspera de la publicación de sus resultados del primer semestre, que los analistas de Bloomberg estiman en una ganancia de 42,3 millones de euros, un 47 % más que el año anterior.
Los analistas advierten que la volatilidad de los precios de la energía y el alza de los tipos de interés podrían comprometer la rentabilidad futura de las empresas renovables, al elevar los costes de financiación.
Grenergy y Solaria centran parte de su actividad en la provisión de energía a centros de datos, un sector que enfrenta incertidumbre por el proyecto de real decreto que condiciona el acceso a la red eléctrica a requisitos estrictos de sostenibilidad, medio ambiente, resiliencia y soberanía digital.