En el documento presentado al magistrado, Zapatero argumenta que la naturaleza de las joyas –un conjunto de piezas cuyo valor inicial se estimó en 1,3 millones de euros– era exclusivamente personal, entregado por deferencia y respeto al monarca saudí, y que, por tanto, no debían incorporarse al patrimonio del Estado.
El mismo día en que le fueron entregadas las joyas, el 19 de junio de 2007, el rey Abdullah también regaló al entonces presidente dos relojes de mesa, uno dorado con esmeraldas y otro con la figura de dos caballos; según el acta de recepción, Zapatero los depositó en el patrimonio nacional como obsequios institucionales.
Un año después, en 2008, el rey saudí volvió a obsequiar a Zapatero con una representación del desierto elaborada en oro y plata sobre una base de mármol y jade, que también fue incorporada al patrimonio del Estado, mientras que el príncipe heredero entregó otro reloj de sobremesa con una peana de mármol y una figura de ciervo, igualmente ingresado al patrimonio.
En contraste, el escrito indica que las joyas nunca fueron entregadas al patrimonio estatal y que permanecieron en la caja fuerte personal de Zapatero durante todo el tiempo.
La normativa española obliga a que los obsequios recibidos en ejercicio de funciones públicas se declaren y, en caso de superar ciertos valores, se integren al patrimonio del Estado; la diferenciación que hace Zapatero entre los objetos entregados y los que retuvo podría tener implicaciones en la investigación que lleva la Audiencia Nacional.
El juez José Luis Calama deberá valorar el escrito y decidir si procede abrir una causa para determinar la procedencia de los bienes y la posible responsabilidad penal o administrativa del ex mandatario.