En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, Zapatero aclara que los tres juegos de joyas de mayor valor, estimados en varios cientos de miles de euros, le fueron entregados por el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al‑Saud durante su visita oficial a Madrid en junio de 2007.
Según el documento, el obsequio constaba de tres piezas con el mismo diseño tradicional, diferenciadas por sus gemas –rubíes, esmeraldas y zafiros– y fue recibido en el Palacio de la Moncloa como una atención “estrictamente personal”, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto al monarca saudí.
La defensa de Zapatero sostiene que, por tratarse de un regalo personal, las joyas fueron guardadas en la caja fuerte de su oficina de la calle Ferraz y permanecieron allí sin que se haya intentado utilizarlas con fines comerciales.
El abogado del exlíder indica que, antes de su comparecencia ante el juez, se envió una carta a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid dirigida al Jefe de Protocolo de la Corte Real saudí, sin obtener respuesta; el 12 de agosto se remitió una segunda misiva solicitando cooperación judicial internacional para que las autoridades saudíes confirmen oficialmente el origen del regalo.
El magistrado Calama, quien había pedido una nueva pericia de las piezas y la documentación que Zapatero tuviera sobre su procedencia, recibió la confesión de que, hasta el momento, el expresidente no dispone de pruebas documentales que acrediten el origen saudí y ha solicitado que, si la explicación no basta, se emita una comisión rogatoria a Arabia Saudí.
Respecto al resto de las 67 piezas incautadas, la defensa afirma que la mayoría no supera los 1.000 euros y que, en conjunto, representan solo el 6,8 % del valor total estimado en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena.
Las joyas forman parte de una pieza separada del caso Plus Ultra, investigado por presunto contrabando y posibles irregularidades tributarias, ya que la normativa europea prohíbe la entrada de objetos cuyo valor supere los 150.000 euros sin los correspondientes controles aduaneros.
El caso cobra una dimensión política porque, en 2005, el gobierno de Zapatero aprobó un Código de Buen Gobierno que prohibía a los altos cargos aceptar regalos de valor personal, estableciendo que los obsequios relevantes debían pasar al patrimonio del Estado; la defensa insiste en que el presente regalo se mantuvo como una muestra de cortesía personal.