En la mañana del sábado, poco después de las 10:00, la Policía Municipal acudió al número 30 de la calle del Ferrocarril, en Arganzuela, tras recibir la llamada de un hijo que había sido avisado por su padre, un guardia civil jubilado de 85 años, de que había cometido un grave delito. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer de 47 años tendida en la cocina, aparentemente en parada cardiorrespiratoria; los intentos de reanimación fueron infructuosos y la víctima ya llevaba alrededor de una hora sin vida, según los primeros informes del Summa 112.

Las primeras hipótesis policiales apuntan a una discusión derivada de una mala convivencia entre la víctima y el agresor, quien era el padre de la expareja de la mujer. El detenido, nacido en España, fue puesto a disposición judicial el lunes 21 de septiembre y el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación, mientras que el Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de Policía Científica realizó la inspección ocular en la vivienda.

En el mismo día, en el municipio de Leganés, los servicios de emergencia hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una de las habitaciones de su domicilio, con heridas de arma blanca. Según los primeros indicios, alguien intentó prender fuego al inmueble antes de abandonarlo, lo que sugiere un posible intento de destruir pruebas. La investigación sigue abierta; hasta el momento no se ha comunicado la detención de sospechosos ni la relación entre la víctima y el presunto agresor, y no se ha establecido vínculo con el caso de Arganzuela.

Ambos hechos se enmarcan dentro de la lucha contra la violencia de género en la Comunidad de Madrid, donde la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género lleva más de dos décadas en vigor, con juzgados especializados y protocolos policiales. Sin embargo, la aparición de estos crímenes plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de protección, especialmente cuando la agresión proviene de familiares no conyugales, como en el caso de Arganzuela, o cuando se combinan con intentos de ocultar pruebas, como en Leganés.

La comparecencia judicial del detenido de 85 años será el próximo lunes, y los datos de estos dos homicidios se incorporarán a las estadísticas oficiales de violencia machista, que determinarán si ambos casos se contabilizan dentro de la normativa vigente o si se consideran excepciones por sus circunstancias particulares.