Tras tres intentos de desalojo frustrados por la presión de vecinos y organizaciones sociales, la autoridad judicial autorizó hoy la ejecución del cuarto intento contra Maricarmen, una mujer de 87 años que vive en la calle Alcalde Sainz de Baranda desde 1956.

La madrugada del 23 de septiembre cientos de activistas y vecinos acamparon frente al domicilio para impedir el lanzamiento; a primera hora de la mañana la Policía Nacional se desplazó al lugar, acordonó la zona y, después de las 7:00, retiró las tiendas de campaña que habían permanecido allí toda la noche.

A las 9:30 llegó la comisión judicial; aunque el Sindicato de Inquilinas intentó negociar con la jueza, los testigos indican que la orden de ejecución parece firme y que el desahucio se llevará a cabo en breve.

Los manifestantes corearon consignas como “Que pase la prensa”, “Maricarmen se queda” y “El pueblo unido jamás vencido”, y denunciaron que la policía expulsó a varios medios que cubrían la protesta, generando momentos de tensión y cargas policiales contra activistas y vecinos.

Maricarmen, que tiene un 50 % de discapacidad reconocida, declaró que el litigio inmobiliario le ha causado un grave desgaste físico y psicológico, diciendo: “No es fácil, llevo siete años con una daga detrás de la nuca”.

El caso ha llamado la atención de la ONU, que solicitó hace meses la paralización del desahucio y la búsqueda de una alternativa habitacional, pero la petición no ha sido atendida por las autoridades locales.

El piso pertenece al fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversiones, que lo adquirió en 2018 y alega que el contrato de arrendamiento, firmado en 1956 y subrogado dos veces, sería ilegal, por lo que se niega a ceder la vivienda.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, señaló que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han ofrecido una solución viable, limitándose a proponer una residencia en otro municipio que la anciana no puede costear.

En caso de que se concrete el lanzamiento, el sindicato ha solicitado la intervención del equipo Samur Social y advierte que Maricarmen podría necesitar asistencia médica urgente, aunque aún no se ha definido a dónde será trasladada.