El proceso de desahucio contra Maricarmen Abascal culminó este miércoles con la ejecución del cuarto y definitivo intento de desalojo, a pesar de las acampadas y protestas organizadas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 46, en el centro de Madrid.

Abascal vive en el mismo piso desde 1956, cuando su padre firmó un contrato de arrendamiento bajo la antigua legislación de renta protegida, que establecía alquileres muy bajos y una prórroga forzosa que convertía los contratos en prácticamente indefinidos.

Tras el fallecimiento del titular original, el contrato pasó a su madre y, posteriormente, a Maricarmen mediante la subrogación familiar prevista por la normativa de la época; la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 introdujo un régimen transitorio para eliminar progresivamente esas rentas, pero la subrogación de Abascal se realizó dentro de los márgenes legales y, por tanto, su alquiler seguía siendo válido.

En 2018 el edificio fue adquirido por la sociedad inversora Urbagestión, que argumentó que una segunda cadena de subrogación no cumplía con los límites establecidos tras la reforma y solicitó la extinción del contrato. El Tribunal Supremo falló a favor del propietario, sentando precedente para la revocación de rentas antiguas.

Tras la sentencia, la empresa intentó elevar la renta en un 275 %, una cifra que la anciana, pensionista con un 50 % de discapacidad, no podía asumir. Abascal había pagado puntualmente la cuota mensual, ajustada al IPC, durante casi siete décadas.

La comunidad respondió con una serie de acampadas, manifestaciones y la oferta de una donante anónima para cubrir la diferencia del alquiler, propuesta que Urbagestión no ha aceptado ni ha respondido.

Leire Iglesias, secretaria de Estado de Vivienda, declaró a Cadena SER que Urbagestión aceptó una mediación para buscar una solución, aunque la empresa no ha atendido las llamadas. El Sindicato de Inquilinas criticó la ausencia de respuesta de la Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central.

El caso pone de relieve la vulnerabilidad de los últimos contratos de renta antigua en España y reaviva el debate sobre los límites éticos de la especulación inmobiliaria frente a la protección institucional de personas vulnerables.