Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace en España y Portugal desde 2021, ha encabezado la defensa legal de los once activistas que, en 2021, realizaron una acción pacífica de bloqueo durante varias horas del buque estadounidense que transportaba gas procedente del fracking en el puerto de Sagunto. La acción, considerada por la Fiscalía como desorden público, ha derivado en una acusación que lleva a los activistas a la sala de juicio en Valencia.

El fiscal ha pedido una pena de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, una medida que Saldaña ha calificado desde el rompehielos Arctic Sunrise, atracado en Valencia, como "absolutamente desproporcionada" y como una señal de la creciente presión judicial contra el activismo medioambiental en España y en Europa.

Saldaña, bióloga de 49 años con 25 años de trayectoria en Greenpeace, ha participado en proyectos en la Amazonía peruana, Costa Rica y con comunidades indígenas del Mekong en Vietnam. Su carrera se ha centrado en la defensa de la sostenibilidad, los derechos humanos y la democracia, y ahora se enfrenta a lo que ella describe como un retroceso de los derechos de protesta en los últimos ocho‑diez años en el continente europeo.

Según la directora, la presión no proviene solo del poder judicial, sino también de gobiernos que siguen subvencionando los combustibles fósiles y de grandes corporaciones que priorizan beneficios económicos sobre la vida de las personas. Este clima de represión, según Saldaña, se ha intensificado con la creciente evidencia del cambio climático y sus efectos, como las olas de calor que han causado miles de muertes y extensas áreas quemadas en España.

A pesar de la adversidad, Greenpeace sigue creciendo: la base social en España supera los 157.000 socios y la organización cuenta con más de tres millones de miembros a nivel mundial, con Alemania como el país de mayor peso. Saldaña señala que la movilización social se ha ampliado a otras causas, como la vivienda digna y la gestión de incendios, aunque la percepción de represión puede frenar la participación de algunos ciudadanos.

En cuanto al futuro del activismo, Saldaña reconoce la necesidad de adaptar tácticas a la era de la inteligencia artificial y las redes sociales, sin perder la esencia de la acción directa no violenta. La organización está evaluando cómo las grandes tecnológicas pueden ser utilizadas para fortalecer la lucha ambiental en lugar de debilitarla.