El estudio, elaborado por el think‑tank neerlandés dirigido por el jurista Nikos Lavranos, sitúa a España en la primera posición mundial por número de laudos impagados, superando a Venezuela (24) y Rusia (13).

En términos monetarios, sin embargo, el orden cambia: Rusia lidera con 61.800 millones de dólares pendientes de pago, seguida de Venezuela con 19.300 millones, mientras que España ocupa el tercer puesto con más de 2.000 millones de dólares en obligaciones no satisfechas.

Los laudos españoles provienen mayoritariamente de la retroactividad en la eliminación de las primas a la energía renovable. Las ayudas, concedidas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fueron revocadas por la administración de Mariano Rajoy, lo que desencadenó una avalancha de recursos de inversores que consideraron la medida una violación de los tratados de inversión.

El informe sitúa este caso dentro de una expansión general del arbitraje internacional de inversiones: a finales de 2025 se habían iniciado 1.463 procedimientos, de los que 1.112 ya habían concluido, 311 permanecían en trámite y 40 estaban bajo cláusulas de confidencialidad. Entre los casos cerrados, el 38 % resultó favorable al Estado demandado y el 28 % a los inversores.

Ejecutar los laudos dentro de la Unión Europea sigue siendo complejo, y los demandantes están recurriendo cada vez más a jurisdicciones fuera del bloque, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Suiza, para intentar hacer efectivas sus sentencias.

El documento también advierte de una tendencia creciente en países europeos tradicionalmente exportadores de capital —Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica e Irlanda— que enfrentan un número cada vez mayor de reclamaciones, incluso después de la salida de la UE del Tratado sobre la Carta de la Energía.

En 2025 se firmaron al menos 24 nuevos tratados bilaterales de inversión y 20 acuerdos económicos amplios con cláusulas de inversión, elevando el total acumulado a 3.369 tratados, de los cuales 2.865 son bilaterales. El Instituto subraya que, a medida que aumentan los procedimientos y los laudos, la cuestión del cumplimiento se vuelve cada vez más crítica para los Estados.