Durante la sesión, Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria, moderó la mesa y recordó que el código, nacido del consenso entre las organizaciones participantes, se diseñó “para la industria, pero no para la industria”, subrayando su carácter voluntario y su objetivo de promover principios éticos en el manejo de información personal.
Andrea García, directora Legal y Compliance de MSD, explicó que la adhesión de su compañía al código responde a la necesidad de generar confianza en los pacientes y a la búsqueda de certeza jurídica en un sector complejo. Según García, el código ha simplificado las discusiones sobre tratamiento de datos y ha permitido acelerar la puesta en marcha de ensayos clínicos al disponer de modelos comunes de gestión.
Jesús Rubí, Of Counsel en ECIJA, señaló que Farmaindustria tomó la iniciativa de elaborar el código y que la Agencia Española de Protección de Datos mostró gran interés, aprobando una resolución que reconoce su alineación con los criterios europeos y su pertinencia para ensayos clínicos y farmacovigilancia.
Alicia Coloma, asociada senior de BROSETA, destacó que en España el tratamiento de datos en investigación biomédica se sustenta en el interés legítimo y el interés público, y que el modelo de corresponsabilidad previsto por el RGPD ha facilitado la negociación de ensayos. Coloma consideró el código un “muy buen punto de partida” y abogó por su adaptación a los avances tecnológicos.
Patricia Muleiro, DPO y directora de la Unidad de Seguridad y Protección de Datos de la Clínica Universidad de Navarra, afirmó que el código ha sido esencial para garantizar el cumplimiento normativo en sus actividades de investigación. La clínica utiliza el modelo de consentimiento incluido en el código y recomienda a otros centros “perder el miedo” a adherirse, viendo las auditorías como oportunidades de mejora.
Los participantes coincidieron en que, aunque el código ha demostrado ser útil durante sus cuatro años de existencia, la privacidad no debe convertirse en obstáculo para la investigación. Todos abogaron por una actualización que contemple los nuevos retos tecnológicos, manteniendo el impulso que España lideró al aprobar este tipo de normas.