El terreno, situado entre la calle Doctores Lasso Simarro y la avenida de la Expo 92, llevaba más de cuatro décadas abandonado y sin ningún proyecto urbanístico, convirtiéndose en un espacio insalubre y lleno de residuos. Con la compra, el Grupo ABU pretende transformar la zona mediante una promoción residencial que, según la empresa, cubrirá parte del déficit de viviendas en el distrito de Triana.

La inversión prevista asciende a cerca de 50 millones de euros. El proyecto contempla la construcción de un edificio de seis plantas, con un total de unos 100 pisos, amplias zonas verdes, piscina comunitaria, patio central, terrazas, tecnología domótica y acabados de alta gama. Además, se incluirán dos sótanos destinados a garaje, con la posibilidad de adquirir hasta dos plazas por vivienda y un trastero.

Para viabilizar la obra, el promotor ha logrado acordar la compra con los herederos de una parcela de 328,91 m² que formaba parte del solar, y ha negociado la inclusión de 880 m² de vía pública que quedará bajo gestión municipal, permitiendo la conexión de la calle Don Cecilio de Triana con la calle Castilla y la avenida Expo 92.

El PSOE municipal, sin embargo, ha registrado una moción que será debatida en la Junta Municipal del Distrito Triana, solicitando al alcalde José Luis Sanz que establezca un techo al precio de venta de las nuevas viviendas. Según fuentes consultadas, limitar el coste de una obra privada en suelo no público podría suponer una extralimitación de competencias municipales.

Los socialistas argumentan que, aunque la normativa solo obliga a reservar un porcentaje de la edificabilidad para vivienda protegida, el Ayuntamiento podría destinar la totalidad de la edificabilidad residencial a viviendas asequibles, dado que el PGOU clasificó el solar como equipamiento desde 1987. La moción también vincula el desarrollo del solar con la denuncia de expulsión de vecinos en el casco histórico de Triana, atribuida a la proliferación de viviendas de uso turístico en administraciones anteriores.

El Consistorio posee tres parcelas adyacentes, que suman casi 2 000 m² y fueron incorporadas al patrimonio local mediante expropiación. Según fuentes de Urbanismo, la intención es que esos espacios sigan siendo municipales, aunque todavía no se ha definido un proyecto concreto para ellos.

Si bien la iniciativa de ABU representa una oportunidad para revitalizar una zona abandonada y aportar nuevas viviendas a un distrito con escasez de oferta, la controversia política subraya la tensión entre la iniciativa privada y la intervención pública en la regulación de precios y la protección de la vivienda asequible.