El documento, firmado digitalmente por David Bravo Núñez, jefe de la Brigada de Coordinación Operativa, fue enviado a la RFEF tras el aviso que la Federación trasladó ese mismo día a la Oficina Nacional de Deportes (OND), unidad policial encargada de la seguridad de eventos deportivos.

El oficio señala que el intervalo de apenas doce días entre la notificación y la fecha prevista del encuentro, el 30 de septiembre, es insuficiente para organizar un dispositivo de seguridad de la magnitud requerida, especialmente en una ciudad que está bajo presión migratoria y registra un clima de tensión social en la vía pública alrededor del estadio.

Aunque los partidos Sub‑20 suelen atraer a un público reducido, la difusión esperada del duelo España‑México podría elevar la asistencia por encima de lo habitual, obligando a reforzar el despliegue policial más allá de los recursos ordinarios y a gestionar los desplazamientos de ambas selecciones y del cuerpo arbitral.

Otro punto crítico es la falta de una Unidad de Control Organizativo (UCO) con circuito cerrado de televisión en el estadio Alfonso Murube, infraestructura esencial para centralizar señales de vídeo y datos de seguridad durante un encuentro; su ausencia implicaría la necesidad de recursos adicionales para suplir esas funciones.

La Policía Nacional no impone una prohibición, pero insta a la Federación a comunicar cuanto antes su decisión definitiva y a valorar una sede alternativa que garantice el dispositivo necesario, recomendando que futuras designaciones de sedes internacionales se acuerden tras reuniones de coordinación con la OND.

Ceuta, con menos de 85.000 habitantes y una frontera terrestre que exige vigilancia permanente, concentra un elevado esfuerzo operativo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil; el Ministerio del Interior ha incluido la presión migratoria en sus prioridades estratégicas, lo que complica aún más la disponibilidad de efectivos para un evento deportivo de este calibre.

La decisión final sobre la celebración del amistoso recae ahora en la RFEF, que deberá evaluar si mantiene el estadio Alfonso Murube o busca un recinto alternativo que cumpla con los requisitos de seguridad y logística señalados por la autoridad policial.