Los sanitarios de Samur trasladaron a Mari Carmen en camilla desde el interior del inmueble, mientras los manifestantes gritaban consignas como "no estás sola" y "asesinos". Posteriormente, la anciana fue puesta en una ambulancia que la sacó del lugar.

Vecinos y activistas habían pasado la noche al raso frente al edificio intentando impedir el cuarto intento de lanzamiento. Entre los presentes se encontraban figuras del mundo cultural como Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan, que acompañaron a los manifestantes con cantos y palabras de apoyo.

Durante la mañana, alrededor de un centenar de personas permanecían en la zona, coreando lemas contra el Gobierno y la gestión de la vivienda. La Policía estableció un perímetro de seguridad con decenas de agentes y varios vehículos, bloqueando el acceso y, en un primer momento, impidiendo la entrada de los medios de comunicación.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron que la prioridad era garantizar la seguridad de los presentes, incluida la prensa, y que el jefe superior de Policía autorizó que los periodistas pudieran trabajar dentro del cordón una vez asegurada la zona. La Delegación del Gobierno se desmarcó del operativo, señalando que la Policía actuó bajo mandato de la comisión judicial y que no dio instrucciones para impedir la cobertura informativa.

Según la abogada de Mari Carmen, Beatriz Duro, las negociaciones con la comisión judicial y la propietaria duraron aproximadamente una hora, pero la autoridad se negó a suspender el desahucio pese a los argumentos humanitarios y a una oferta anónima para cubrir el alquiler. Duro también denunció que no se concedió ni siquiera un plazo mínimo para que la anciana pudiera recoger sus pertenencias.

El Sindicato de Inquilinas denunció que la propietaria había rechazado una oferta de alquiler que habría permitido a Mari Carmen permanecer en la vivienda, a pesar de que una donante anónima estaba dispuesta a asumir la renta. El sindicato señaló que la empresa propietaria, Urbagestión, había incrementado el alquiler en un 275 % desde que adquirió el edificio en 2018.

En el Congreso, la ministra de Vivienda e Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, recordó que el Gobierno ha presentado tres propuestas de moratoria de desahucios en el último año, todas rechazadas por la Cámara. Instó a los grupos parlamentarios a aprobar una nueva iniciativa para paralizar permanentemente los desahucios, citando el caso de Mari Carmen como ejemplo de la vulnerabilidad de los inquilinos mayores.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, afirmó que los servicios sociales emitieron un informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado y que se ofrecieron diversas alternativas de alojamiento, aunque la anciana rechazó una residencia privada cuyo coste superaba los 1.200 euros mensuales, una cantidad inasumible para su pensión.

El caso de Mari Carmen, cuyo padre firmó el contrato de arrendamiento en 1956, se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en la capital. Tras varios intentos de desahucio y una sentencia favorable en primera instancia, el Tribunal Supremo falló a favor del inversor, permitiendo la ejecución del desalojo.